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Galicia Bilingüe

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Estoy con Galicia Bilingüe al 99%. Admiro la labor que han hecho en Galicia y me gusta cómo se expresa Gloria Lago. Parece una mujer valiente, íntegra e inteligente.

Pero creo que hay algo en lo que se equivocan. Dicen en su web que defienden, entre otras cosas, “el derecho de los ciudadanos a elegir en cuál de las dos lenguas oficiales la Administración ha de comunicarse con ellos“.

Puede que me equivoque interpretando la anterior declaración, pero entiendo que quieren decir que si por ejemplo, yo me acerco a una ventanilla de un organismo público en La Coruña, tengo derecho a que el funcionario que me atienda lo haga en el idioma oficial que yo quiera”.

Y yo no lo creo: no creo que tengamos ese derecho. Los españoles tenemos el deber de conocer las lenguas oficiales de nuestra región, y el derecho a usar la lengua oficial que queramos. Es tan sencillo como eso: lo que sale de nuestra boquita lo hace en la lengua oficial que nosotros queremos, mientras que lo que llega a nuestros oiditos lo hace en la lengua oficial que nuestro interlocutor elige.

Cuando llegamos a una ventanilla oficial, el funcionario tiene derecho a expresarse en la lengua oficial que quiera. Es un derecho recogido en la ley de máximo rango, que es la Constitución española, y es un derecho que no se pierde por ser funcionario, ni por veinte mil estatutos de autonomía que se aprueben y que canten la traviata. Si la Constitución Española dice en el artículo 3 del título preliminar que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla“, ¿en qué queda el derecho del funcionario de la ventanilla a expresarse en castellano si se le obliga a usar el gallego, por exigírselo su interlocutor? El interlocutor tiene derecho a expresarse en la lengua oficial que quiere, pero no tiene derecho a exigir que a él se le hable en una lengua oficial concreta. Ambos tienen la obligación de entender ambas lenguas oficiales, por lo que deberían entenderse sin problemas, que es lo que de hecho pasa en las comunidades bilingües: cada uno habla en la lengua que quiere y todo el mundo se entiende. Sin problemas y sin violar los derechos de nadie.

Otra cosa es el derecho de los padres a elegir la lengua en que se ha de educar a sus hijos. Ahí entran en conflicto dos derechos: el del profesor a expresarse en la lengua oficial que quiera, y el de los niños a recibir la educación en la lengua oficial que elijan sus padres (por ejemplo, artículo 26 de la declaración de los derechos humanos). En ese caso, entiendo que es el funcionario el que debe ver restringido su derecho, aunque entiendo a quien diga que no tiene porqué verse privado de ese derecho fundamental.

En Cataluña ni profesores ni alumnos ven respetados sus derechos fundamentales (ni policías, ni empresarios, ni nadie). El nazional-socialismo del PSC campa allí a sus anchas.

¿Y si un murciano se acerca a un ventanilla pública en La Coruña y le atienden en gallego? Prefiero que no se entiendan a violar el derecho de ninguno de ellos a expresarse en la lengua que quieran. Pero ese problema solo existe cuando el de la ventanilla es de izquierdas, es decir intolerante.

Repito que coincido al 99% con Galicia Bilingüe y que donde pongo un “pero”, debería poner también muchas palabras a favor. No obstante, si entiendo bien lo que dicen, creo que se en ese caso se equivocan de raíz.

Por cierto: A Coruña debe ser el nombre gallego de La Coruña. En castellano se dice La Coruña, del mismo modo que hablamos de Londres y los británicos no pueden obligarnos a que en español hablemos de London. Hemos llegado a tal grado de estupidez que cuando los fascistas gallegos imponen que la única forma oficial de los topónimos gallegos es la gallega, no solo esa disposición (la 10ª de la Ley de Normalización) no ha sido declarada automáticamente ilegal, sino que en el resto de España acatamos que debemos emplear los nombres gallegos al expresarnos en castellano. Aquí hay mucho “fronterizo”, o mucho temeroso del poder de los sociatas.

¿Qué pasaría si se obligase a que los únicos topónimos oficiales de Galicia fuesen los castellanos? Y por favor, no pensemos que eso lo haría Franco porque es irrelevante. Lo único cierto es que eso sucede aquí y ahora, y los que lo hacen son los nazional-socialistas o los centristas si se les deja.

»

  1. Pasaría una cosa muy sencilla. Yo me acercaría a una ventanilla y diría:

    – Cho do flesk, andi yutassi pro lobena mijadel.

    Y el de la ventanilla me contestaría:

    – Dobunga silonga, katamari, renos delón antigeriflás.

    El funcionario dejaría de funcionar.

    A mi hija le obligan a dar Educación para la Ciudadanía en inglés. El tema 1 es “El Ego” que en inglés sería “The higo”, lo que acabará por importarle la asignatura al no enterarse de nada.

    Lo de las lenguas es de idiotas. Y ya “pasó” en Babel.

    Luego nos extrañamos de que la gente acabe hablando con sus gatos.

    Arrabilonga, papami!

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  2. ¡¡¡¡Cuánta razón tenéis, Dicybug y profe!!!!

    Conocer dos lenguas enriquece culturalmente a las personas, pero obligarnos a usar una por coj… lo único que hace es empobrecernos y amargarnos la existencia.

    UN ABRAZO,

    Responder
  3. Hola Dicybug,
    Estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista.
    Un beso!

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  4. Olvidaba darte las gracias por tu amable comentario en mi blog!! 🙂
    Otro beso!

    Responder
  5. ¡Hola, Buggy!

    Llego tarde, y eso que el tema del bilingüismo y la libertad lingüística me apasiona. En Galicia bilingüe parecen gente razonable (a ver si no nos decepcionan, como tantos otros), pero eso que dicen en su página web, o lo han explicado mal (que no parece) o no es de recibo.

    Todos, tanto los ciudadanos de a pie como los funcionarios de la Admón. pública, tenemos el deber de conocer el español y el derecho a usarlo, como muy bien has citado. Pero los nacionalistas llevan sus ansias de dominio y expansión hasta el paroxismo, de forma que, por citar algo conocido por todos, cambian hasta los nombres de las calles y donde siempre se dijo ‘calle de la playa’, ahora se lee ‘Rua da praia’, pero nada, eso a la gente le da igual.

    (Ironía on) Hombre, Buggy, cómo se te ocurre. ¿No has pensado que hay que proteger las lenguas minoritarias?, ¿no ves que el castellano (o español) es una lengua caníbal que se las va a comer y no va a dejar ni las migajas…? (Ironía Off)

    Venga ya, pero si han resistido durante siglos: no sólo con la dictadura de Franco, qué va, fueron mucho peores los Decretos de Nueva Planta de Felipe V (a principios del XVIII, y perdona por la pedantería, es para situarnos) y casi tres siglos después, mira, ahí siguen, suman, y siguen, y… como el conejito de las famosas pilas. Y duran, y duran, y duran. Y lo que nos joroban la vida a todos, ¿verdad?

    Puede que los de Galicia bilingüe tengan buenas intenciones, pero ya se va uno dando cuenta de que en la vida hay que ser muy cauto y no fiarse de nadie, ni de nuestra sombra. En eso en concreto sobre lo que reflexionas, no llevan razón. Si no, ¿para qué sirve la Constitución? ¿Para nada? Me lo temía. ¿Papel mojado? Pues casi, casi, y sin el casi.

    Un fuerte abrazo, que me voy a comentarte al otro post, ya ves, voy con retraso, amigo. Hasta unas líneas más arriba…

    Responder
  6. Otra cosa es el derecho de los padres a elegir la lengua en que se ha de educar a sus hijos. Ahí entran en conflicto dos derechos: el del profesor a expresarse en la lengua oficial que quiera, y el de los niños a recibir la educación en la lengua oficial que elijan sus padres (por ejemplo, artículo 26 de la declaración de los derechos humanos). En ese caso, entiendo que es el funcionario el que debe ver restringido su derecho, aunque entiendo a quien diga que no tiene por qué verse privado de ese derecho fundamenta.

    En este caso yo crearía dos grupos. Uno en que se impartiera la docencia en castellano y otro en que fuera en la otra lengua. Porque a mí no me parece que se obligue a un profesor a impartir una asignatura en, por ejemplo, gallego. Por ser funcionario no pueden decaer sus derechos. Y la Constitución es muy clara: derecho y deber de conocer el castellano y derecho de conocer la lengua minoritaria.

    Por no entrar ya en cuánto limita la obligatoriedad de conocer la lengua de la Comunidad Autónoma el acceso de gente muy formada en su disciplina a las plazas, por ejemplo, de Galicia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: si Mozart concurriera a unas oposiciones para ser profesor de música en Galicia, no conseguiría la plaza por no tener título de galaico.

    Con el gobierno bipartito se ha llegado al punto de que mucha gente, por no dar clase en gallego, la ha comenzado a dar en inglés. Una amiga mía, profesora de Biología, que es de León y no habla gallego, da las clases en inglés porque no las puede dar en castellano. Que está muy bien que los críos aprendan inglés, pero aquí no se ha llegado a ese punto por la idea de que aprendan inglés, sino de que no se impartan las clases en español. Y estoy muy seguro de que esta persona haría mejor su trabajo hablando en castellano, si le dejaran.

    Responder
  7. Uhm…

    Art. 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
    Art. 3.2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

    Art. 103.1 de la constitución. La Administración Pública sierve con objetividad los intereses generales y actúa de aucerdo con los principios de afeciacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

    Ocurre que el artículo 3 pertenece a la parte “dogmática” mientras que el artículo 103 pertenece a la parte “orgánica” de la constitución. Mientras que la parte “dogmática” recoge los principios en que se va a basar todo, la parte orgánica concreta como se regularán los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Además, el título preliminar (artículos del 1 al 9) se considera más bien una declaración de principios que posteriormente han de ser desarrollados.

    Respecto al artículo 103, se considera que para que la administración pública pueda actuar de acuerdo con el principio de eficacia, debe ser capaz de comunicarse con los ciudadanos de la forma en que estos mejor los comprendan. Eso significa adaptarse a las necesidades del usuario.

    Probablemente un juez del constitucional diría que el 103 prevalece sobre el 3 en caso de conflicto.

    Nunca se me había ocurrido que el derecho de una persona a ser atendida en la misma lengua en que se dirige a un funcionario pudiese colisionar con el derecho del funcionario a usar el castellano. Lo cierto es que esa es una cuestión que a mi a veces me da un poco de vueltas en la cabeza. Por ejemplo, si yo aprobase mi oposición (es estatal) y dentro de unos años decidiese pedir traslado a Cataluña ¿podrían denegármelo por ser incapaz de atender a la gente de acuerdo al reglamento del Estatuto Básico del Empleado Público? ¿Podría perder la plaza en ese caso? Pero si yo he aprobado una oposción a nivel estatal y no de comunidad autónoma, no se puede presuponer que hable todos los idiomas oficiales de España. Y, al mismo tiempo, mi obligación sería la de intentar atender a los usuarios de la forma que sea mejor para ellos… al fin y al cabo ellos son mis jefes.

    Una serie de cuestiones que no sería necesario plantearse si el hecho de que un funcionario público no sepa hablar más que castellano no fuese entendido de ninguna de las maneras como un intento imperialista de imponer la cultura extranjera a la gente de esa nación, sino, simplemente, como que el pobre hace lo que puede, y ese idoma para él, es un idioma extranjero. Del mismo modo, el funcionario tolerante, no debería interpretar el ponerse a aprender el otro idioma oficial de la comunidad autónoma como una concesión a los separatistas nacionalistas que pretenden disgregar España, sino, simplemente, como un acto de cortesía hacia las personas que les están pagando el sueldo.

    Tolerancia, sentido común, ser bienpensados… todo ello resolvería cualquier tipo de conflicto constitucional antes incluso de que llegara a plantearse.

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  8. no creo que exista el “derecho de una persona a ser atendida en la misma lengua en que se dirige a un funcionario”.

    Pues existe, existe… Aunque no estoy seguro si más que como derecho está recogido como obligación del funcionario. Viene en el Estatuto Básico del Empleado Público. Precisamente creo que hoy me toca estudiar esa parte, así que si quieres, hasta intento buscar en qué artículo viene.

    El requisito lingüistico me parece claramente anticonstitucional (Art 139.1 CE: todos los españoles tienen los mismos detechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado). Por otra parte, también creo que todo funcionario competente debería esforzarse por aprender los idiomas que utilizan los usuarios de los servicios de la Administración. Una solución intermedia sería que todo el mundo pudiese concurrir a las oposiciones, sin requisito lingüístico, y que luego la Administración proporcionase cursos de formación obligatorios para los funcionarios hasta que lograsen aprender el segundo idioma oficial.

    Lo de que fuesen obligatorios es porque hay muchos funcionarios que ni son competentes, ni se preocupan por serlo. Para compensar, el complemento de destino en esas comunidades autónomas debería ser mayor que en otras, ya que los requisitos para desarrollar el trabajo son también mayores (conocer el idioma o aprenderlo).

    Hacer los informes internos en uno u otro idioma debería ser irrelevante, en una sociedad abierta, tolerante y bien pensada.

    El derecho a hablar en español no es un derecho fundamental, al menos en España (no estoy diciendo que no deba serlo, me limito a describir la realidad). Los derechos y libertades fundamentales se recogen en los artículos del 14 al 29 de la constitución, y el de hablar en español es el artículo 3. Por otro lado, no me parece que atender a una persona en su lengua materna sea perder ningún derecho, sino, simplemente, hacer bien el trabajo de cada uno. ¡Lo malo es cuando no conocer más que el idioma español se convierte en una barrera para acceder a un puesto de trabajo!

    Una persona tolerante debería entender que hay españoles para los que el español no es su lengua materna (mismamente mi abuela…). Y otra persona tolerante debería entender que no es posible conocer todos los idiomas oficiales en el país, y que el hecho de no conocer el idioma de la región en que se trabaja no es incapacitante ni supone un desprecio a la cultura local. Dos personas tolerantes deberían conseguir entenderse hasta por señas, si hiciera falta.

    Ains… a veces creo que vivo en el pais de las piruletas. Que pena.

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